Los socialistas apuntan que, en caso haber investigación, ésta se debe dirigir contra Echeverría, Lamela, Cospedal y Elvira Rodríguez
El PSM ha registrado este jueves un escrito al Tribunal Supremo (TS) en el que aporta diversa documentación para tratar de demostrar que la denuncia interpuesta por el PP de Madrid contra el secretario general del PSM, Tomás Gómez, por supuesto delito malversación de caudales públicos y prevaricación por la gestión del tranvía de Parla durante su etapa como alcalde de la localidad es "falsa"
En consecuencia, reclama al Alto Tribunal actúe contra el consejero de Presidencia y Justicia y presidente del Comité Electoral del PP de Madrid, Salvador Victoria, por registrar una denuncia "falsa", apuntando que dicho tipo penal implica penas de prisión de 6 meses a dos años y multa de 12 a 24 meses. La acción se dirige también contra el portavoz del PP de Parla, Miguel Ángel López del Pozo, que registró junto a Victoria la denuncia ayer.
Ambos dirigentes populares manifestaron ayer que la denuncia se dirigía contra Gómez "al dejar un pufo de 42 millones de euros en el tranvía de Parla". También se extendía contra el actual alcalde de Parla José María Fraile y diversos ediles que participaron en juntas municipales.
Concretamente, el escrito rechaza 'de plano' de las obras denunciadas por los populares y aporta documentación de cara a demostrar que la adjudicación de concesión de esos trabajos no fue efectuada por el Ayuntamiento de Parla sino por el Consorcio Regional de Transportes.
El escrito de los socialistas, rubricado por el responsable de los servicios jurídicos Wilfredo Jurado Rodríguez (precisamente uno de los denunciados en el escrito del PP), expone que "es absolutamente erróneo" que las obras fueran adjudicadas a dedo, tal y como ayer expuso Salvador Victoria, y pide la inadmisión de las medidas reclamas contra Gómez.
En los argumentos jurídicos aludidos, se plantea por parte del PSM que las obras de concesión de obra pública del tranvía y sus ampliaciones fueron "supervisadas, controladas y vigiladas en todo momento por una asistencia técnica contratada a tal efecto por el Consorcio de Transportes de la Comunidad".
Concretamente, apuntan a que el Consorcio llegó a pagar a la empresa adjudicataria de esas labores 1,3 millones de euros por prestar este servicio de supervisión, vigilancia y control.
"De manera que el Consorcio siempre tuvo conocimiento, constancia y dirección de las obras", remarca el escrito para insistir en que es "absolutamente falso" que las obras que hace referencia la denuncia fueran "vigiladas y contratadas a su libre albedrío por el Ayuntamiento de Parla.
EL PSM DICE QUE LA DENUNCIA DEBE DIRIGIRSE CONTRA LOS EXCONSEJEROS
En consecuencia, los socialistas indican que, en todo caso, la acción penal que plantean el PP de Madrid debería dirigirse contra los responsables del Consorcio en ese momento, aludiendo en este caso al exgerente del organismo José Manuel Pradillo y los exconsejeros de Transportes de la Comunidad Elvira Rodríguez, Manuel Lamela, José Ignacio Echeverría y María Dolores de Cospedal (actual secretaria general del PP).
Los socialistas exponen en un comunicado que "en política no vale todo" y que "es muy grave la utilización torticera" de la Administración de Justicia, que a su juicio ha hecho el PP de Madrid y en concreto Victoria
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